Por Fernando Peyrano
La figura del vicepresidente ocupa un rol que el mismo marco institucional le ha conferido. La Constitución Nacional le ha asignado la titularidad del Senado y sólo le toca presidir los destinos de la Republica cuando el Jefe de Estado se encuentra ausente, ya sea por renuncia, enfermedad, muerte, destitución o por algún viaje protocolar al exterior.
La figura del vicepresidente ha sido, habitualmente, un caso especial que, por diversos motivos, las páginas de la historia de la Argentina le ha tocado narrar. Sólo durante los últimos quince años pueden citarse tres casos paradigmáticos.
En primer lugar, cuando Menem gobernaba por primera vez la Argentina, el vicepresidente Eduardo Duhalde sólo lo secundó durante los dos primeros años de su mandato; luego, elecciones mediante, asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El conflicto entre ambos se mantuvo latente y estalló a fines de la década del `90, teniendo su expresión más fuerte cuando el riojano parecía ponerle obstáculos al caudillo bonaerense en su carrera hacia la presidencia… ¿el motivo? Muy simple. Un peronista en el poder echaría por tierra los sueños de Menem de emular, en 2003, al tres veces presidente Juan Perón.
En segundo lugar, la relación tensa entre presidente-vicepresidente también terminó en la renuncia de este último. Carlos “Chacho” Alvarez dejó el gobierno de la Alianza por el escándalo de los sobornos en la Cámara de Senadores, cuyo fin último era la aprobación de la reforma de la ley laboral.
Por último, el caso más actual: el vicepresidente Julio Cobos, quien exhibe una relación tirante con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; reavivada esta semana por el rumor que estremeció a la clase política y que señalaba el llamado a una consulta popular no vinculante que le tocaría decidir sobre la continuidad de Cobos en el gobierno kirchnerista.
Las instituciones cumplen un rol importantísimo en el desarrollo, puesto que reducen la incertidumbre (una característica que aparece en toda interacción social), les toca la vigilancia del cumplimiento de los contratos y delimita los derechos de propiedad. En suma, tienen el deber de establecer, claramente, “las reglas de juego”.
Pero en la Argentina, las instituciones no han podido constituirse como una pieza clave para asegurar una senda hacia el desarrollo y, como en el resto de los países de América Latina, se destaca la figura fuerte del presidente por sobre el resto de la clase dirigencial. En otros términos, el presidencialismo es el símbolo de un desequilibrio que hace preponderar al Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, cuando, en realidad, los poderes públicos deben convivir en armonía, en una situación de equilibrio.
Es así que, cuando aparece un Cobos activo y con un perfil mediático, esta actitud provoca, al menos, desconcierto. Este comportamiento del ex gobernador de Mendoza ofrece un fuerte contraste con los otros hombres que le han tocado desempeñar el rol de vicepresidente: un opaco paso por la conducción de la Cámara Alta, con una presencia mínima en los medios aunque protagonizando, en casi toda oportunidad histórica, un vínculo tenso con el presidente.
Entonces, cabe preguntarse si al vicepresidente se le puede dar un nuevo rol institucional que vaya más allá de presidir las sesiones de los senadores o esto es tan sólo una conducta motivada por el oportunismo electoral. Si fuera esto último, esta discusión perdería interés.
Estas circunstancias tienen que alcanzar para hacer algunos planteos. Por ejemplo, una vez más, se pone de manifiesto la inestabilidad de las alianzas. Este gobierno reúne a una presidenta de origen peronista con un compañero de fórmula radical, lo que lo que no evitó la fragilidad en el vínculo institucional y la incapacidad de los sectores políticos para realizar acuerdos electorales eficientes de largo alcance temporal. El mismo entorno institucional otorga el incentivo necesario para el culto al cortoplacismo de la clase política.
Luego, en estos acuerdos el único objetivo es el triunfo de las elecciones presidenciales, lo que no da margen para la creación de un proyecto que fomente el crecimiento económico y el desarrollo humano. Pero sí queda espacio para las rivalidades, con el riesgo de acentuarse en el tiempo, para llegar así al caso extremo en donde se identifica al vicepresidente como una figura de la oposición dentro del gobierno.
Pero en estas conclusiones quedaría fuera la consideración de que un vicepresidente pueda tener independencia de criterio (sería peligroso si no lo tuviera). Naturalmente, puede tener aspectos que lo impulsen a disentir de la política gubernamental. No obstante, el comportamiento de Cobos va mas allá y su voto “no positivo” hacia la implementación de las retenciones móviles, en un esquema que contribuiría a dar una mejor calidad institucional pues la puesta en marcha de esta medida iba a tener el consentimiento del Congreso, hizo emprender en él actividades que casi siempre resultan incómodas para el oficialismo.
Sin dudas que el voto de Cobos sirvió como mecanismo que limitó, en un caso particular, el poder discrecional que caracterizan a los gobernantes latinoamericanos, en particular, al caso argentino. Con el campo se dio testimonio de que el Parlamento puede ejercer un cierto control sobre el Poder Ejecutivo.
No obstante, ¿dio esto espacio para convertirse en un hecho definitivo? ¿O sólo quedó relegado a este episodio particular? El diseño institucional hace pensar en inclinarse a responder positivamente a este último interrogante.
Esta lógica de ejercer el gobierno es un factor limitante para el desarrollo económico. Y esto a su vez, se retroalimenta con la lucha con el vicepresidente. En el momento más débil del gobierno y de alta imagen positiva de Julio Cobos, puede desatarse un conflicto en el que el Poder Ejecutivo quiera reafirmar, más que nunca, su predominio sobre el resto de los poderes públicos.
El Estado, como institución, tiene el rol de sentar las bases para crear un ambiente de estabilidad y de confianza para aquellos que quieran invertir en el país y la inversión es un factor crucial para el crecimiento económico.
Por ello, una de las tantas obligaciones del Estado consiste en diseñar estructuras sólidas de gobierno que sean capaces de crear los incentivos necesarios para crecer y de redireccionar los recursos empleados en usos menos valiosos a otros más valiosos desde la perspectiva económica y social.
Por lo tanto, esta pelea interna y el estilo de gobierno no hacen más que agudizar el trastorno y la complejidad de la situación. Estas fisuras entre el vicepresidente y el presidente atentan contra el desarrollo. Distorsionan las condiciones que determinan los resultados o la perfonmance económica e influyen sobre las expectativas de los inversionistas, pues esta lejanía del presidente del Senado respecto al oficialismo agrega una cuota de inestabilidad y de incertidumbre, y es sobre esta inestabilidad donde se formulan las expectativas.
Si el vicepresidente aspira a liderar la oposición y, desde ese lugar, disputar la presidencia con un proyecto totalmente contrario al oficialista (que alguna vez compartió) sería un acto sincero apartarse de un sitio en el que él mismo sentirá una sensación para nada cómoda, a la vez que disipará las dudas que encierra su posición opositora dentro del mismo gobierno. Asimismo, el marco institucional no da derecho alguno a un presidente para exigir la renuncia de su vicepresidente, sólo la voluntad propia o el juicio político pueden ser los factores que lo alejen del recinto del Senado.
No obstante, este episodio actual de la Argentina no es el único que impacta sobre la calidad institucional del país. Existen muchos aspectos que hacen necesario replantear y corregir, empezando en tomar conciencia de la importancia de las instituciones en el desarrollo económico.
La figura del vicepresidente ha sido, habitualmente, un caso especial que, por diversos motivos, las páginas de la historia de la Argentina le ha tocado narrar. Sólo durante los últimos quince años pueden citarse tres casos paradigmáticos.
En primer lugar, cuando Menem gobernaba por primera vez la Argentina, el vicepresidente Eduardo Duhalde sólo lo secundó durante los dos primeros años de su mandato; luego, elecciones mediante, asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El conflicto entre ambos se mantuvo latente y estalló a fines de la década del `90, teniendo su expresión más fuerte cuando el riojano parecía ponerle obstáculos al caudillo bonaerense en su carrera hacia la presidencia… ¿el motivo? Muy simple. Un peronista en el poder echaría por tierra los sueños de Menem de emular, en 2003, al tres veces presidente Juan Perón.
En segundo lugar, la relación tensa entre presidente-vicepresidente también terminó en la renuncia de este último. Carlos “Chacho” Alvarez dejó el gobierno de la Alianza por el escándalo de los sobornos en la Cámara de Senadores, cuyo fin último era la aprobación de la reforma de la ley laboral.
Por último, el caso más actual: el vicepresidente Julio Cobos, quien exhibe una relación tirante con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; reavivada esta semana por el rumor que estremeció a la clase política y que señalaba el llamado a una consulta popular no vinculante que le tocaría decidir sobre la continuidad de Cobos en el gobierno kirchnerista.
Las instituciones cumplen un rol importantísimo en el desarrollo, puesto que reducen la incertidumbre (una característica que aparece en toda interacción social), les toca la vigilancia del cumplimiento de los contratos y delimita los derechos de propiedad. En suma, tienen el deber de establecer, claramente, “las reglas de juego”.
Pero en la Argentina, las instituciones no han podido constituirse como una pieza clave para asegurar una senda hacia el desarrollo y, como en el resto de los países de América Latina, se destaca la figura fuerte del presidente por sobre el resto de la clase dirigencial. En otros términos, el presidencialismo es el símbolo de un desequilibrio que hace preponderar al Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, cuando, en realidad, los poderes públicos deben convivir en armonía, en una situación de equilibrio.
Es así que, cuando aparece un Cobos activo y con un perfil mediático, esta actitud provoca, al menos, desconcierto. Este comportamiento del ex gobernador de Mendoza ofrece un fuerte contraste con los otros hombres que le han tocado desempeñar el rol de vicepresidente: un opaco paso por la conducción de la Cámara Alta, con una presencia mínima en los medios aunque protagonizando, en casi toda oportunidad histórica, un vínculo tenso con el presidente.
Entonces, cabe preguntarse si al vicepresidente se le puede dar un nuevo rol institucional que vaya más allá de presidir las sesiones de los senadores o esto es tan sólo una conducta motivada por el oportunismo electoral. Si fuera esto último, esta discusión perdería interés.
Estas circunstancias tienen que alcanzar para hacer algunos planteos. Por ejemplo, una vez más, se pone de manifiesto la inestabilidad de las alianzas. Este gobierno reúne a una presidenta de origen peronista con un compañero de fórmula radical, lo que lo que no evitó la fragilidad en el vínculo institucional y la incapacidad de los sectores políticos para realizar acuerdos electorales eficientes de largo alcance temporal. El mismo entorno institucional otorga el incentivo necesario para el culto al cortoplacismo de la clase política.
Luego, en estos acuerdos el único objetivo es el triunfo de las elecciones presidenciales, lo que no da margen para la creación de un proyecto que fomente el crecimiento económico y el desarrollo humano. Pero sí queda espacio para las rivalidades, con el riesgo de acentuarse en el tiempo, para llegar así al caso extremo en donde se identifica al vicepresidente como una figura de la oposición dentro del gobierno.
Pero en estas conclusiones quedaría fuera la consideración de que un vicepresidente pueda tener independencia de criterio (sería peligroso si no lo tuviera). Naturalmente, puede tener aspectos que lo impulsen a disentir de la política gubernamental. No obstante, el comportamiento de Cobos va mas allá y su voto “no positivo” hacia la implementación de las retenciones móviles, en un esquema que contribuiría a dar una mejor calidad institucional pues la puesta en marcha de esta medida iba a tener el consentimiento del Congreso, hizo emprender en él actividades que casi siempre resultan incómodas para el oficialismo.
Sin dudas que el voto de Cobos sirvió como mecanismo que limitó, en un caso particular, el poder discrecional que caracterizan a los gobernantes latinoamericanos, en particular, al caso argentino. Con el campo se dio testimonio de que el Parlamento puede ejercer un cierto control sobre el Poder Ejecutivo.
No obstante, ¿dio esto espacio para convertirse en un hecho definitivo? ¿O sólo quedó relegado a este episodio particular? El diseño institucional hace pensar en inclinarse a responder positivamente a este último interrogante.
Esta lógica de ejercer el gobierno es un factor limitante para el desarrollo económico. Y esto a su vez, se retroalimenta con la lucha con el vicepresidente. En el momento más débil del gobierno y de alta imagen positiva de Julio Cobos, puede desatarse un conflicto en el que el Poder Ejecutivo quiera reafirmar, más que nunca, su predominio sobre el resto de los poderes públicos.
El Estado, como institución, tiene el rol de sentar las bases para crear un ambiente de estabilidad y de confianza para aquellos que quieran invertir en el país y la inversión es un factor crucial para el crecimiento económico.
Por ello, una de las tantas obligaciones del Estado consiste en diseñar estructuras sólidas de gobierno que sean capaces de crear los incentivos necesarios para crecer y de redireccionar los recursos empleados en usos menos valiosos a otros más valiosos desde la perspectiva económica y social.
Por lo tanto, esta pelea interna y el estilo de gobierno no hacen más que agudizar el trastorno y la complejidad de la situación. Estas fisuras entre el vicepresidente y el presidente atentan contra el desarrollo. Distorsionan las condiciones que determinan los resultados o la perfonmance económica e influyen sobre las expectativas de los inversionistas, pues esta lejanía del presidente del Senado respecto al oficialismo agrega una cuota de inestabilidad y de incertidumbre, y es sobre esta inestabilidad donde se formulan las expectativas.
Si el vicepresidente aspira a liderar la oposición y, desde ese lugar, disputar la presidencia con un proyecto totalmente contrario al oficialista (que alguna vez compartió) sería un acto sincero apartarse de un sitio en el que él mismo sentirá una sensación para nada cómoda, a la vez que disipará las dudas que encierra su posición opositora dentro del mismo gobierno. Asimismo, el marco institucional no da derecho alguno a un presidente para exigir la renuncia de su vicepresidente, sólo la voluntad propia o el juicio político pueden ser los factores que lo alejen del recinto del Senado.
No obstante, este episodio actual de la Argentina no es el único que impacta sobre la calidad institucional del país. Existen muchos aspectos que hacen necesario replantear y corregir, empezando en tomar conciencia de la importancia de las instituciones en el desarrollo económico.
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