El Consejo Económico Social

Imagen del primer período de sesiones del Consejo Económico y Social en Church House, Londres, el 23 de enero de 1946. En ella aparece el Sr. Gladwyn Jebb (derecha), Secretario Ejecutivo de las Naciones Unidas, felicitando a Sir Ramaswami Mudaliar, de la India, tras su elección como primer Presidente del Consejo

Mauro Benente*

Por el momento se trata sólo rumores, pero los medios de comunicación informan que hacia el mes de marzo la Presidenta Cristina Fernández enviará un proyecto de ley tendiente a crear un Consejo Económico y Social.
Los Consejos Económico-Social, estos espacios institucionales que suelen aglutinar empresarios y trabajadores, capital y trabajo, fueron una herramienta muy utilizada en los países europeos tras la segunda guerra mundial. Estos Consejos fueron pilares del llamado Estado de Bienestar que funcionó hasta 1980 en el viejo continente, pero también existen, con ciertas particularidades, antecedentes en América del Sur.
En Brasil, el empleo de este tipo de Consejos data de la década de 1920 y se intensificó cuando el 3 de noviembre de 1930, la junta militar le otorgó la Presidencia
Provisional a Getúlio Vargas. Así, 1923 se creó el Consejo Nacional del Trabajo que tenía como objeto el estudio de la aplicación de leyes sociales y estaba integrado por representantes de entidades patronales. Durante la Presidencia de Vargas se crearon numerosos Institutos y Consejos, dentro de los cuales merece destacarse el Consejo Federal de Comercio Exterior, creado en 1934 y encargado de promover la actividad económica relacionada con la exportación. La intención de Vargas al crear estos Consejos era centralizar el debate y la decisión de los asuntos públicos, evitando así, los caudillismos locales y la proliferación de centros intermedios de poder. Actualmente, en Brasil funciona el Consejo del Desarrollo Económico y Social, creado por el Gobierno de Lula da Silva e integrado por representantes de empresarios, trabajadores, organizaciones sociales, del Estado y por académicos.
En la Argentina la proliferación de instituciones similares a lo que hoy denominaríamos Consejo, data de la década de 1930, aunque es real que es en 1928 cuando se crea la Comisión Nacional del Azúcar, siendo ésta el primer ejemplo. Hacia 1931 y en vistas a reemplazar parcialmente la disolución del Parlamento, el Gobierno de facto encabezado por el General Uriburu creó la Comisión Asesora para la Industria Vitivinícola y la Comisión Nacional de Fomento Industrial. Pronto se crearon las conocidas Juntas de Carnes (1932), Granos (1933), Yerba Mate (1933), Vinos (1934), Leche (1934), entre otras. Pero, y en lo que constituye un antecedente interesante, en 1936 se creo la Junta Nacional para Combatir la Desocupación. Esta Junta, creada por la ley 11.896, estaba integrada por la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Cooperativas Agrarias y la Confederación General del Trabajo. La particularidad de esta Junta, es pues, la presencia de representantes (o supuestamente representantes) de los trabajadores.
Más allá de estos datos históricos, es de destacar que la existencia de los Consejos Económico-Social plantea importantes debates, que si bien no lograré profundizar en sus pormenores, me interesará reseñarlos.
El primero de ellos, se relaciona con la supuesta representatividad de las entidades que los integran. Por ejemplo, ¿hasta qué punto puede afirmarse que una Confederación de Trabajadores representa a todos y cada uno los trabajadores? El segundo debate tiene que ver, y se relaciona en parte con el primero, con la estructura interna de estas entidades. En general, éstas no tienen un funcionamiento democrático y esto se corresponde con una insuficiencia del discurso liberal que analiza el funcionamiento democrático en los espacios que cataloga como públicos, pero descuida los ámbitos que caracteriza como privados –la preocupación por un sistema democrático de decisiones se sitúa en el Estado, pero no, por ejemplo en las empresas o en entidades intermedias-. La pregunta, entonces, es si se puede legitimar desde un sistema que se jacta de ser democrático, la participación institucional de entidades que no tienen un funcionamiento interno que respete tales caracteres. Finalmente, el tercer debate, tienen que ver con las consecuencias del desplazamiento de toma de decisiones desde el Parlamento hacia estos Consejos. La apatía cívica actual no es patrimonio de Argentina, sino que es un fenómeno extendido a escala mundial. En este contexto, quienes analizan este fenómeno en los países europeos, sugieren que dado que durante varias décadas las decisiones políticas que influían en la vida cotidiana de los pobladores se habían desplazado desde los Parlamentos hacia los Consejos, la política y la preocupación sobre los asuntos públicos fue perdiendo protagonismo en la vida cotidiana.
Volviendo al caso europeo, pues, es de destacar que la creación de estos Consejos después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un claro objetivo: la canalización y la morigeración de las demandas de los sectores trabajadores. Por aquellos años, los sindicatos europeos ganaban en adeptos y en radicalidad de reclamos, lo que generaba en los sectores dominantes el temor de un avance del modelo soviético. En este contexto, los estados europeos comenzaron a responder a ciertas demandas de los sindicatos y los sumaron a las instituciones estatales: se crearon los Consejos Económico-Social. Dentro del funcionamiento del Consejo, en un mismo momento, con cada jugada, los sindicatos obtenían ciertos beneficios a costa de morigerar sus reclamos. La dinámica misma de los Consejos permitía a los sindicatos obtener beneficios, pero a costa de atenuar la radicalidad de sus posturas.
Canalizar demandas, morigerar reclamos, abrir debates en torno a la representación y al centro del debate político. De esto se trata un Consejo Económico- Social.

* Abogado (UBA) –estudiante de Ciencia Política (UBA). Becario UBACyT –categoría estímulo- con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja. Miembro de la Revista Derecho y Barbarie.